Simultáneamente, y también justo antes que expirase el plazo para hacerlo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de José Luis Soberanes, promovió su propia acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley aprobada por la ALDF. La acción de la PGR es comprensible, ya que Medina Mora forma parte del gabinete de Calderón, pero se supone que Soberanes dirige un organismo autónomo. Sin embargo, tras los acontecimientos de ayer y tomando en cuenta el sainete que se armó en Veracruz alrededor de la violación-no violación, del asesinato-no asesinato de Ernestina Ascencio, de Zongolica, su imparcialidad está más que comprometida.
Si bien es cierto que las dos instancias tienen el derecho de promover sus acciones de inconstitucionalidad, éstas no tienen ningún sentido jurídico por más que aleguen lo contrario, y mucho menos sentido posee la de José Luis Soberanes. Si bien la Constitución protege en términos generales la vida de los ciudadanos —faltaba más—, no menciona ni una sola vez la palabra aborto o la frase terminación de embarazo, o siquiera la palabra embarazo (excepción hecha del Título Sexto: “Del Trabajo y de la Previsión Social” (Artículo 123, A. V).
Una nota “a pie de página”: Usted puede y debe leer su Constitución. Consúltela en http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. El sitio no pertenece al PRD ni a los Francisco Villas ni al gobierno del Distrito Federal. La constitución es de todos y tenemos que hacerla valer.
Aquí la discusión es —y ha sido siempre— ideológica. quienes han seguido este mismo tema en la jurisprudencia de Estados Unidos, por ejemplo, lo saben muy bien. En 1973 la Suprema Corte de Justicia de aquella nación, en el caso conocido como Roe v. (versus, o “contra”) Wade, declaró inconstitucionales las leyes estatales y federales que prohibían el aborto. Esto desencadenó un drama que dura hasta nuestros días, con múltiples estiras y aflojes. Pero es un hecho que las mujeres norteamericanas pueden terminar sus embarazos sin que por ello pongan en riesgo sus vidas.
Y la discusión ideológica gira precisamente alrededor del concepto de vida. Felipe Calderón y quienes opinan como él ponen la vida del cigoto en un plano superior a la vida de la mujer en quien el producto ha empezado a crecer y desarrollarse. No hacen distinción de tiempo de gestación, como sí lo hacen las reformas al Capítulo V del Código Penal del DF, en sus artículos 144, 145, 146, y 147.
Nadie niega que el feto sea algo vivo y que tiene la potencia de convertirse en lo que nosotros llamamos ser humano. Pero el debate alrededor de cuándo el embrión adquiere los derechos propios de todos los seres humanos ya nacidos, puede durar de aquí al próximo milenio y no será resuelto porque es una cuestión de fe, no de razonamiento jurídico. En términos prácticos —y éste es el meollo del asunto—, estamos hablando de dos vidas, no solamente la del cigoto, feto, producto o embrión. Tenemos, por un lado, la vida y los derechos del ser humano en potencia y, por otro, los derechos del ser humano que carga el embrión en su vientre. ¿Cuál de estas dos vidas pesa más ante la ley?
Si yo, como ciudadana libre, creo que el cigoto ya es un ser humano con derechos plenos —algo difícil de argumentar científicamente, pero muy respetable en términos de fe—, por ningún motivo deberé interrumpir mi embarazo, pues iría en contra de mis preceptos, según los cuales estaría cometiendo un homicidio. Esto, por digno que fuere, no me daría el derecho de imponer mi creencia en otras personas, pues hay otras maneras de pensar, y gente honorable de muchas religiones tanto cristianas como no cristianas considera que el embrión adquiere la calidad de humano, con y los derechos que de ella se derivan, cuando el embarazo va adelantado, entre la treceava y vigésima semana, en virtud del grado de desarrollo neurológico, muscular, sexual, etcétera. Dicen: “A partir de cierto momento, el producto se vuelve un ser humano viable que podría vivir independientemente de su madre”. Nuestra Constitución no establece este momento; no posee esa facultad.
Las reformas a la ley del DF son en extremo conservadoras, pues en otros países puede interrumpirse el embarazo hasta la vigésima cuarta semana, y en ocasiones hasta la vigésima octava. Aun con su cariz conservador, la idea de las reformas está clara: la mujer posee el derecho de decidir sobre su cuerpo porque es suyo, hasta que el embrión adquiere derechos plenos como ser humano. La penalización del aborto, lejos de erradicar su práctica, sólo empuja a las mujeres que no desean llevar su embarazo a término, a abortar en condiciones que atentan peligrosamente contra su vida.
Las razones para poner fin a un embarazo pueden ser muchas, pero nadie termina un embarazo por razones frívolas. Se trata de una de las decisiones más dolorosas y de mayores consecuencias emocionales que una mujer puede tomar en su vida. La gran mayoría de mujeres que abortan, además, son casadas y ya tienen otros hijos. La idea de que el aborto es el anticonceptivo de los libertinos es un insulto, un escupitajo en la cara de millones de mujeres que, embargadas por muchas emociones y presiones encontradas, decidieron terminar un embarazo porque llevarlo a término habría implicado sufrimiento mucho mayor para sus hijos vivos, para el hijo nonato y para ella misma. Si los hombres pudieran embarazarse, para mí está clarísimo, nadie estaría discutiendo la constitucionalidad de las reformas que despenalizan el aborto: sería un derecho inalienable. Hay mujeres, desde luego, que están fervientemente en contra de que otras puedan optar por hacerse un aborto de manera legal, pero también hubo esclavos en Estados Unidos que prefirieron la servidumbre a la libertad, y ésta es una cuestión de libertad, no de imposición. Al despenalizarse el aborto, se otorgaron a la mujer mayores posibilidades para tomar decisiones que la afectan directa y contundentemente. Ningún médico es obligado a realizar la operación ni mujer alguna es presionada para abortar. Es una cuestión de conciencia profundamente personal. Pero la derecha en el poder desea imponer su convicción moral, su fe religiosa, su manera de pensar a los demás, y esto no esto no es aceptable en un estado laico, democrático, con instituciones que ya se han pronunciado al respecto.
Para mí no hay duda: José Luis Soberanes falta a su deber al promover su acción de inconstitucionalidad porque pasa por alto los derechos humanos de la madre y sólo toma en cuenta los del producto. No le importan las muertes de quienes, desesperadas ante su situación, recurren al aborto clandestino como último recurso. Que no se engañe, y que no nos engañemos, ninguna ley jamás ha contribuido a que haya menos abortos. Se aborta menos cuando se ofrece a toda la población educación sexual de calidad, incluyendo abundante información acerca de métodos anticonceptivos, y no sólo información sino también atención médica gratuita a todas las mujeres que desean determinar cuántos hijos tendrán y cuándo. Soberanes no desea proteger sino violar el derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo y destino.
El caso de la PGR era previsible, pero es importante que las autoridades federales sepan que la ciudadanía no se dejará atropellar. La asamblea del Distrito Federal ha hablado por nosotros, democráticamente, y conforme a derecho. Ni Felipe Calderón ni José Luis Soberanes ni Norberto Rivera tienen el derecho de controlar los cuerpos de las ciudadanas que viven en el DF. Esta ley no tiene nada de inconstitucional. Su esfuerzo por hacer que así parezca es una cortina de humo ideológica, su pataleta en contra de la vida democrática de nuestra ciudad, en contra de nuestra dignidad humana.
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